Los Órganos Constitucionales Autónomos, el “Cuarto Poder” con atribuciones estratégicas en derechos humanos

Actualmente en México, en el debate público, surge el análisis de la necesidad, la finalidad y la permanencia de los Órganos Constitucionales Autónomos, aquellos entes reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) que tienen origen en el equilibrio, la distribución del poder y el contrapeso a la organización tradicional del Estado, en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. A través de ellos, se diversifican funciones y competencias para la atención de las necesidades sociales y, por ende, la ejecución de las múltiples actividades del Estado.

El Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, el Instituto Nacional Electoral, son los Órganos Constitucionales Autónomos previstos en la Constitución, con competencia en sectores que inciden en la protección, garantía, respeto y promoción de los derechos humanos, a saber, el bienestar económico de la ciudadanía, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, la protección de datos personales y la disponibilidad de la información.

Al formar parte del Estado y erigirse en lo que se ha denominado el “Cuarto Poder” ejecutan una función propia que por el grado de especialización y repercusión social trascienden a los derechos humanos. Específicamente, las atribuciones constitucionales encomendadas directa o indirectamente velan por el beneficio social, “su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales”[1].

Así, en la búsqueda del bienestar social y la satisfacción del interés general tienen injerencia en el desarrollo y la evolución de los derechos humanos, más allá de la obligatoriedad dispuesta en el artículo 1 de la Constitución, relativa a la promoción, garantía, respecto y promoción de los derechos humanos en el ámbito de su competencia. Por una parte, derivada del propio mandato constitucional, que establece una competencia específica a cada órgano. Por otra parte, en el ejercicio de sus atribuciones, a través del cual, se busca la emisión de actos y normas generales que velen por la protección de los derechos humanos.

Ahora bien ¿qué importancia tienen los derechos humanos para la observancia por parte de los Órganos Constitucionales Autónomos? Por encima del cúmulo de bienes indispensables que posibilitan el desarrollo de la persona y el simple ejercicio de las atribuciones que les son conferidas, los derechos humanos constituyen el parteaguas y punto de partida de su actuación en el poder público. El planteamiento lo abordaré desde el ejercicio de la competencia de algunos de los Órganos Constitucionales Autónomos.

Aumentar la penetración de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión que de conformidad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México figura entre los primeros países con mayor crecimiento, tratándose de la penetración del servicio de banda ancha fija a un 3.2% y por lo que respecta, al servicio de banda ancha móvil de diciembre de 2019 a diciembre de 2022, pasó de 29 a 87 líneas por cada 100 habitantes[2]. Es ostensible, que existen acciones y políticas públicas que permiten el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

En cuanto al acceso a la información pública y protección de datos personales, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019[3] evidencia que el 72.3% de la población reconoce el derecho humano a conocer la información que genera el gobierno, 18.6 de la población tiene conocimiento de la normativa nacional en la materia y el 16.1% de la población consultó una página de Internet de gobierno para obtener información, lo cual a diferencia de la última encuesta desarrollada en 2015 representa un aumento significativo en la percepción de la población.

Respecto de los trámites realizados personalmente en instalaciones de gobierno, de 2021 a 2023, pasó del 46.8% a 51.7%, en Otros pagos, trámites o solicitudes, entre los que se incluyen los trámites ante el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental[4].

Con base en lo expuesto, las atribuciones de los Órganos Constitucionales Autónomos tienen repercusión en los derechos humanos, inclusive, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos efectuó medidas y acciones para la protección y defensa de los derechos humanos, con un reporte de 728, de las cuales se registró una participación de la población de 1,661,406 personas asistentes, en términos del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal y Federal 2023.

Por consiguiente, el ejercicio de las atribuciones y la competencia conferida a los Organismos Constitucionales Autónomos inciden en los derechos humanos, constituye un vínculo que en el marco del poder público propicia el bienestar social. Se ha demostrado el avance en ciertos sectores con la garantía de los derechos humanos derivados de la labor que desempeñan en la sociedad mexicana y que contribuyen a la conformación de un contrapeso a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero que en relaciones de coordinación fortalecen el Estado mexicano.

[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2008). [Órganos Constitucionales Autónomos. Sus características]. Portal de sentencias https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170238

[2] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2024). Estadísticas de banda ancha. https://www.oecd.org/en/topics/broadband-statistics.html

[3] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020, junio). Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaid/2019/doc/enaid_2019_principales_resultados.pdf

[4] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamentalhttps://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/EstSegPub/ENCIG_23.pdf