El miedo al hombre fuerte y la resiliencia silenciosa de la democracia

Sobre la crisis de confianza institucional, el populismo de eficacia y los límites del poder en el constitucionalismo contemporáneo

“Las instituciones fuertes hacen fuertes a los hombres débiles”[1].

“Estoy convencido de que la situación más afortunada y las mejores leyes no pueden mantener una Constitución faltando las costumbres, mientras que éstas obtienen mucho aun ante las posiciones más desfavorables y bajo las peores leyes”.

Alexis de Tocqueville, La democracia en América, (1835)^[2].

Resumen. Este artículo examina la naturaleza contemporánea del retroceso democrático: un proceso gradual, interno a las propias reglas constitucionales, impulsado no por ideologías sino por una demanda social de eficacia frente a la percepción de fracaso institucional. A partir de evidencia comparada (Freedom House, V-Dem, Latinobarómetro 2023,IDEA Internacional) y de una lectura del constitucionalismo colombiano desde 1991, se argumenta que la amenaza real a la democracia no es el líder fuerte, sino la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones llamadas a limitarlo.

El fantasma que cambió de forma

Hubo un tiempo en que reconocer una amenaza a la democracia era relativamente sencillo. Los uniformes en las calles, el cierre de los congresos, la censura declarada de la prensa, la suspensión de las elecciones: todo aquello constituía un código legible que Europa y América Latina aprendieron a descifrar, con sangre, a lo largo del siglo XX.

Ese tiempo terminó. O, más precisamente, esa forma de amenaza se volvió infrecuente. Lo que ha tomado su lugar es más sutil, más paciente y, por eso mismo, más difícil de combatir.

Los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su obra Cómo mueren las democracias (Crown Publishing, 2018), documentaron lo que hoy constituye uno de los diagnósticos más sólidos de la ciencia política contemporánea: las democracias del siglo XXI no colapsan habitualmente por golpes de Estado. Mueren por dentro, poco a poco, siguiendo las propias reglas que deberían protegerlas. Las elecciones se celebran. Los congresos continúan sesionando. Las constituciones permanecen formalmente vigentes. Y sin embargo, algo cambia.

Ese algo –difícil de nombrar con precisión jurídica, pero perceptible en la textura de la vida institucional– es lo que está en el centro del debate político global. Un debate que, con acentos diferentes según la latitud, aparece en Brasil, en Hungría, en Estados Unidos, en Venezuela, en Argentina y, con creciente intensidad, en Colombia.

La ideología como excusa: el populismo de eficacia

Quizá el primer error analítico consista en asumir que el fenómeno puede explicarse desde las categorías ideológicas tradicionales. Hugo Chávez y Viktor Orbán, Jair Bolsonaro y Nayib Bukele, Recep Tayyip Erdoğan y Andrés Manuel López Obrador ocupan posiciones radicalmente distintas en el espectro ideológico. Sin embargo, comparten una retórica estructuralmente idéntica: la promesa de eficacia frente a instituciones percibidas como incapaces.

No se trata de una preferencia ideológica por el autoritarismo. Se trata, en la mayoría de los casos documentados, de una respuesta a la percepción de fracaso institucional.

La evidencia empírica apoya ese diagnóstico. El informe Global State of Democracy 2024 del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) determinó que 2023 representó el séptimo año consecutivo en que el número de países con retrocesos democráticos netos superó al de países con avances –la racha más larga de ese tipo desde que IDEA comenzó a llevar registros en 1975–. Freedom House, en su informe Freedom in the World 2024, estableció que 2023 marcó el decimoctavo año consecutivode declive de las libertades políticas y civiles a nivel global, con deterioro en 52 países y mejoras en apenas 21. El V-Dem Institute, con sede en la Universidad de Gotemburgo, determinó en su reporte de 2025 que el 72% de la población mundial vive bajo algún tipo de régimen autocrático –la proporción más alta desde 1978–.––

El Latinobarómetro 2023 ofrece una respuesta incómoda sobre las causas: apenas el 48% de los latinoamericanos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (una caída de 15 puntos respecto al 63% registrado en 2010 y el nivel más bajo desde que el estudio lleva ese indicador). El mismo informe identifica la causa principal de ese desencanto: la percepción ciudadana de que la democracia no produce los bienes políticos fundamentales que la población demanda: igualdad ante la ley, justicia, dignidad, distribución justa de la riqueza.

La constante no es la ideología. La constante es la promesa de eficacia.

La paradoja fundamental: lo que la democracia prometió

Aquí aparece una paradoja que Tocqueville habría reconocido de inmediato. Las sociedades democráticas depositan enormes expectativas en sus gobernantes, cuando las democracias modernas fueron diseñadas precisamente para limitar el poder de los gobernantes. El constitucionalismo liberal no nació de una fe excesiva en la bondad de quienes gobiernan.Nació de la desconfianza sistemática hacia ellos. Nació, en palabras de James Madison en El Federalista n.º 51, de la convicción de que “si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no sería necesario ningún control externo o interno sobre el gobierno”.

La fortaleza de un sistema democrático no radica en la prudencia o la virtud de sus líderes. Descansa en la existencia de mecanismos institucionales –formales e informales– capaces de impedir que cualquier gobernante, por legítimamente electo que sea, concentre poder más allá de lo que el diseño constitucional permite.

La experiencia constitucional comparada ha demostrado, una y otra vez, que las democracias más sólidas no son las que producen gobernantes perfectos. Son las que construyen instituciones capaces de sobrevivir incluso a gobernantes imperfectos. Suecia, Alemania, Uruguay, Costa Rica, Canadá: en todos estos sistemas el valor no está en los nombres que los gobiernan, sino en las reglas que los contienen.

Por eso, la pregunta verdaderamente relevante no debería ser si un determinado líder representa un peligro para la democracia. La pregunta relevante es la que formuló el jurista Karl Loewenstein en su teoría de la democracia militante, desarrollada en su artículo de 1937 Militant Democracy and Fundamental Rights: ¿son las instituciones suficientemente fuertes para contener cualquier intento de expansión indebida del poder, con independencia de quién ocupe el gobierno?

Colombia: el caso difícil

Colombia ofrece un caso que merece atención específica, no como excepción sino como laboratorio.

La Constitución de 1991 no fue solo una norma. Fue un pacto de sociedad después de décadas de conflicto, exclusión política y violencia. Su arquitectura institucional incorporó múltiples mecanismos de protección democrática: la acción de tutela como herramienta directa de protección de derechos fundamentales; una Corte Constitucional con poder de revisión efectivo; organismos autónomos de control disciplinario, fiscal y electoral; y la adhesión al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Ese diseño ha producido momentos notables de resiliencia. La tutela –que en 2024 concentró 952.251 acciones según el Consejo Superior de la Judicatura, con un incremento del 13,2% respecto al año anterior– se ha convertido en el mecanismo de empoderamiento ciudadano más utilizado frente al Estado en la historia constitucional del país. El V-Dem Institute clasifica a Colombia, con un puntaje de 0,701 en su Índice de Democracia Electoral para 2024, como democracia electoral, por encima de varios de sus vecinos regionales.

Pero ninguno de esos mecanismos es invulnerable. La historia constitucional comparada enseña que las instituciones pueden capturarse desde dentro: mediante la designación sistemática de operadores afines en órganos de control, el debilitamiento presupuestal de la fiscalización independiente, el descrédito sostenido del poder judicial ante la opinión pública, o la erosión de los estándares normativos que hacen operativa la revisión constitucional.

En Colombia, como en toda democracia sometida a tensión, la pregunta no es si las instituciones existen en el papel. La pregunta es si retienen la autonomía y la legitimidad social necesarias para ejercer su función.

El verdadero riesgo: cuando la ciudadanía deja de creer

El mayor riesgo para una democracia no es la existencia de líderes con discursos fuertes. Esos líderes han existido en todos los tiempos y en todos los sistemas.

El verdadero riesgo aparece cuando los ciudadanos pierden la confianza en las instituciones encargadas de limitarlos.

Cuando la ciudadanía deja de creer en la independencia de los jueces, en la legitimidad de los procesos electorales, en la imparcialidad de los organismos de control o en la capacidad de la prensa para informar libremente, las barreras democráticas comienzan a ceder desde dentro. No por la fuerza de quien las ataca, sino por el vacío de quienes deberían defenderlas.

Las democracias no se sostienen únicamente sobre normas jurídicas. También descansan sobre lo que el filósofo Jürgen Habermas llamó legitimidad procedimental: la convicción ciudadana de que las reglas del juego son, en términos generales, justas y aplicadas con neutralidad. Cuando esa convicción se deteriora, las normas permanecen en el papel, pero pierden su fuerza vinculante real.

La confianza, a diferencia de las leyes, requiere años para construirse y apenas momentos para deteriorarse. Eso es lo que hace de su preservación una tarea política de primer orden, independientemente del signo ideológico del gobierno de turno.

Las democracias no sobreviven por los nombres que las gobiernan. Sobreviven por las reglas que contienen a quienes gobiernan. La discusión verdaderamente trascendente no consiste en evaluar a los candidatos, sino en determinar si estamos fortaleciendo o debilitando las estructuras que permiten tramitar nuestras diferencias dentro de reglas comunes, pacíficas y vinculantes para todos.

Gobernantes habrá siempre.

La pregunta es si las instituciones seguirán ahí, sólidas e independientes, para recordarles a todos que el poder, por legítimo que sea su origen, nunca debe ser absoluto.

^[1] Esta frase se atribuye habitualmente a Tocqueville, pero no ha podido verificarse en La democracia en América ni en las recopilaciones de su obra; debe tomarse, por tanto, como una atribución de uso corriente y no como cita textual comprobada.

^[2] Alexis de Tocqueville, La democracia en América, trad. de Héctor Ruiz Rivas, 3.ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2019 (reimpr. 2020), t. I, 2.ª parte, cap. IX, p. 427.