Una nueva forma de ver la reforma Judicial

Luis de la Peña Ponce de León.
19 feb
5 Min. de lectura

Mucho se ha hablado ya sobre este tema, posturas a favor y en contra, articulo tras articulo nos muestra o las virtudes de la “Reforma Judicial” o la peor cara de la misma, pero qué es realmente lo que hay que entender de ella, por qué mientras unos la satanizan, muchos otros la glorifican, ¿cuál es la opinión de aquellos que forman parte de la estructura laboral de este Poder del Estado?, ¿cómo se ve desde su trinchera este cambio?, ¿qué esperan de él? y ¿qué es lo que realmente deben esperar?.

De hecho, uno de los puntos más controversiales de esta reforma judicial es la elección de Jueces, Magistrados, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), y de los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, mediante voto popular, proceso que actualmente se está llevando a cabo en su etapa inicial tanto a nivel federal, como local en la Ciudad de México y Estado de México, entre otros.

Pero esto ¿por qué?, bueno, por un lado, tenemos que hacer mención de la percepción social que se tiene y se ha tenido por muchos años del Poder Judicial. El ciudadano común regularmente se topa con procesos judiciales poco efectivos, largos, tediosos e incluso demasiado técnicos, en los que las personas impartidoras de justicia son percibidas como inaccesibles, corruptas y con más privilegios de los que deberían tener, solo por ejercer un cargo, que, para variar, no se considera sea ejercido de manera correcta y eficaz.

Aunado a ello, el poco o incluso nulo conocimiento sobre las funciones y competencias de las y los Jueces, Magistrados y Ministros, así como del propio Consejo de la Judicatura Federal, ya que, en principio, a raíz de la controversia por la reforma judicial, se hizo visible que las personas ciudadanas confunden al Poder Judicial con la Fiscalía General (institución que no está incluida dentro de los cambios que se realizarán) y se les adjudican los mismos problemas de impunidad.

Por lo que, a causa de esta necesidad urgente por parte de la ciudadanía de transparencia, resultados y rendición de cuentas, es que se justifica este punto de la transformación del Poder Judicial, teniendo como finalidad que con la elección mediante votación popular se tenga un verdadero acercamiento de los impartidores de justicia con la sociedad y un sentimiento de verdadera representatividad.

No obstante, se teme que ese método de elección de Jueces, Magistrados y Ministros, contrario a erradicar las malas prácticas del sistema judicial, provoque que las decisiones judiciales se vean mayormente influenciadas por intereses políticos y económicos, agravándose los problemas de impunidad y corrupción.

De igual manera tanto de manera externa como interna se ha hablado mucho de la falta de meritocracia, puesto que la elección popular podría priorizar la popularidad sobre la competencia técnica y profesional, resultando en la selección de jueces sin la experiencia o conocimientos técnicos necesarios; esto también derivado de los requisitos mínimos a cubrir, donde no se está se están contemplando puntos como la expertis dentro del ámbito jurisdiccional, el conocimiento del manejo de Juzgados y Tribunales Colegiados o tribunales de apelación, mismo que se conoce como “carrera judicial” y que de alguna manera daba certeza de que los titulares de órganos jurisdiccionales, al haber ocupado diversos cargos dentro de la misma instancia judicial, conocían el funcionamiento de las áreas.

Situación que también impacta en el desarrollo profesional de las personas trabajadoras del Poder Judicial, ya que la referida carrera judicial, permitía ascender desde posiciones iniciales hasta llegar a altos cargos, obteniéndose así un incentivo para continuar preparándose y creciendo profesionalmente, lo que en el caso ya no sucedería.

Otra de las cuestiones más polémicas ha sido la oposición de los trabajadores del multicitado Poder Judicial, ya que la falta de claridad sobre cómo se implementarán las nuevas leyes y regulaciones ha generado incertidumbre entre los trabajadores y muchos de ellos temen que sus derechos laborales no estén completamente protegidos.

Incluso, existe una preocupación significativa sobre la posible pérdida de empleos debido a la reestructuración del sistema judicial, la eliminación de ciertos puestos y la reorganización de las funciones.

En consecuencia, se han llevado a cabo algunos paros de labores, pues no se ha comunicado a los trabajadores cuales serían las verdaderas afectaciones a sus puestos de trabajo y prestaciones laborales, generándose un ambiente de desinformación y por ende descontento generalizado.

Por lo que asegurar una comunicación clara y transparente sobre los cambios y cómo afectarán a los trabajadores, así como los derechos y beneficios que se mantendrán o mejorarán con la reforma deberían ser un punto prioritario para la implementación de la misma, puesto que los servidores públicos son un elemento esencial para lograr un verdadero cambio en el sistema de justicia, que si bien muchas veces se habla de las malas prácticas y atención dentro de los distintos órganos jurisdiccionales, también hay que recordar que no debemos generalizar y que estas personas son también madres y padres de familia, personas que su trabajo puede ser su único medio de subsistencia, que muchos de ellos han dedicado su vida entera al servicio del estado y que son ellos los que día a día trabajan de cerca con el púbico usuario y que permiten que los órganos jurisdiccionales funcionen.

Por otra parte, y de lo que poco se ha hablado, es que esta reforma no incluye a todas las instituciones de procuración de justicia, como las fiscalías, lo que hace cuestionar el trasfondo de la reforma dado que si se buscaba un cambio real para la ciudadanía en cuanto a la eficacia de los procedimientos jurisdiccionales desde todas las trincheras, debían incluirse estas instituciones, sin que al momento exista un margen de comunicación en relación con el necesario cambio estructural en estas instituciones, que conllevaría a tener un sistema de justicia efectivo, imparcial, pero sobre todo capaz e integral.

Finalmente, entre otros de los cambios que se implementaran con esta reforma, es la creación del ya referido Tribunal de Disciplina Judicial, el cual sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, encargándose de la administración y vigilancia interna del Poder Judicial.

No obstante, para lograr su cometido, se tendría que asegurar que este tribunal contara con la autonomía y los recursos necesarios para investigar y sancionar adecuadamente cualquier acto de corrupción o mala conducta dentro del Poder Judicial, implementando mecanismos adecuados de supervisión y rendición de cuentas; de lo contrario, podría suceder lo mismo que con los Consejeros de la Judicatura actuales, que hoy por hoy, vemos que los mecanismos de vigilancia y sanción resultan poco eficaces.

De este modo, podemos ver que los cambios planteados con la reforma al Poder Judicial tienen dos caras, y finalmente todo dependerá de la correcta implementación de los mecanismos que permitan asegurar el correcto y eficaz funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y demás operadores de justicia del País, que se encuentran estrechamente conectados.