Las desapariciones en México: La búsqueda interminable por la verdad y la justicia

El 5 de marzo de 2025, en México se dio a conocer uno de los hallazgos más inquietantes y estremecedores que convirtió al estado de Jalisco en foco de atención tanto a nivel nacional como internacional. En esa fecha, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó al predio conocido como Rancho Izaguirre localizado en Teuchitlán, Jalisco, en donde encontraron lo que parecería ser fosas clandestinas, restos óseos, casquillos de balas, diversos objetos tales como mochilas y cuadernos, así como cientos de pares de zapatos y de prendas de vestir.

Este rancho situado a poco más de una hora de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, era utilizado como centro de reclutamiento forzado y campo de adiestramiento por el Cártel Jalisco Nueva Generación. A pesar de que este lugar fue cateado por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco en septiembre de 2024, las autoridades no se percataron de las fosas, ni de los restos humanos descubiertos por el colectivo de búsqueda.

El hallazgo de este predio se ha convertido en un faro de luz para las miles de familias que han estado en búsqueda de algún indicio que los ayude a localizar a sus familiares que han desaparecido, pero al mismo tiempo ha evidenciado la crisis de las desapariciones en México y ha colocado esta problemática en la primera línea de la agenda política.

De acuerdo con los datos obtenidos por la Comisión Nacional de Búsqueda, organismo perteneciente a la Secretaría de Gobernación, las desapariciones en México aumentaron considerablemente desde el año 2006. Para tener una referencia de la magnitud del problema, de acuerdo con las cifras publicadas por la referida Comisión, en México se registraron 625 personas desaparecidas durante 2006, mientras que de enero a diciembre de 2024, se contabilizaron 33,345 desapariciones.[1]

En la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se establece que la desaparición forzada de personas es un delito, el cual se configura si un servidor público de manera directa o indirecta priva de la libertad a una persona y se abstiene o se niega a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.[2] Asimismo, en este ordenamiento jurídico también se contempla como delito la desaparición cometida por particulares, en cuyo caso no existe la intervención de servidores públicos, por lo que el delito está previsto para cualquier persona que prive de la libertad a otra con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero.[3]

Es importante resaltar que, si bien la desaparición de personas es considerada un delito, también implica una grave violación a los derechos humanos de las víctimas, tales como el derecho a la libertad personal, integridad física y emocional, identidad y protección de la justicia.[4]

En ese sentido, en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se prevé el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada,[5] mientras que en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se establece que la desaparición forzada viola múltiples derechos esenciales de la persona humana de carácter inderogable, por lo que los Estados que forman parte de dicha Convención están obligados a prohibir de manera absoluta su comisión.[6]

Como puede observarse, en México la realidad es distinta a lo previsto en los pactos internacionales. Al cierre del primer trimestre de 2025, el número de personas desaparecidas y no localizadas en México, conforme a los datos registrados por la Comisión Nacional de Búsqueda, sumó un total de 126,258 personas.[7] La cifra es alarmante y pareciera inverosímil, sin embargo, demuestra la tragedia que viven miles de familias que han perdido a un ser querido bajo estas circunstancias y de quienes sólo quedaría preguntar: ¿Dónde están?

La travesía de las familias buscadoras inicia desde que requieren presentar la denuncia de desaparición ante las Fiscalías de Justicia locales, en donde el trámite es lento y muy desgastante, sin embargo, este primer paso es indispensable para abrir la carpeta de investigación y que la autoridad comience la búsqueda. Con la denuncia presentada, la Fiscalía debe emitir una ficha de búsqueda con la fotografía, datos generales y señas particulares de la persona desaparecida.

Otra opción que tienen las personas que buscan a un familiar es que pueden reportar la desaparición ante la Comisión Nacional de Búsqueda, en caso de desconocer el estado en donde desapareció la persona, o en las Comisiones de Búsqueda estatales, cuando se tenga conocimiento de la entidad federativa en la que ocurrió la desaparición.

No obstante lo anterior, la mayoría de las familias sabe que denunciar o reportar la desaparición de una persona ante las autoridades no es suficiente, estas acciones son sólo el primer paso de un largo recorrido en la interminable búsqueda de las víctimas de desaparición. Si la investigación queda únicamente en manos de las autoridades es poco probable que la persona desaparecida sea localizada, es por ello que los familiares tienen que allegarse de toda la información que les sea posible e involucrarse exhaustivamente en la investigación.

Así, los familiares de las personas desaparecidas comienzan la búsqueda preguntando entre las amistades, familia, vecinos, compañeros de trabajo y cualquier persona que pudiera tener algún indicio que sea de utilidad en la investigación. Al mismo tiempo, suelen compartir la ficha de búsqueda que emite la Fiscalía a través de distintos medios como son las redes sociales y los medios de comunicación, para ver si alguien tiene información sobre el paradero de la víctima.

También es común que busquen la ayuda y orientación de colectivos y asociaciones civiles enfocados en esta problemática. Incluso, los familiares realizan un recorrido por los hospitales públicos, hacen uso de los centros de atención telefónica que brindan información como Locatel y acuden a las instalaciones del Servicio Médico Forense para descartar que la persona desaparecida se encuentre sin vida.

Todo esto y muchas acciones más son las que llevan a cabo los familiares de las víctimas de desaparición, sólo para conocer la verdad y encontrar alguna pista o indicio que les ayude a saber qué pasó y en dónde se localizan sus seres queridos.

A pesar de los múltiples esfuerzos que realizan las familias buscadoras, en muchos de los casos resulta muy difícil obtener información que ayude a la localización de la víctima, lo cual genera que jamás se haga justicia y prevalezca la impunidad del delito cometido. Así, las carentes y deficientes investigaciones realizadas por las Fiscalías obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas, dado que no existe material suficiente que permita que el Poder Judicial pueda dictar sentencias condenatorias en contra de los responsables de cometer tales desapariciones.

Si bien el hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, puso en evidencia la grave crisis de desapariciones que existe en México, también este atroz descubrimiento propició que el Poder Ejecutivo Federal centrara su atención en el problema, dando como resultado que presentara las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.[8]

Con estas reformas se busca, entre otras cuestiones, la creación de la Plataforma Única de Identidad para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas, la emisión de una alerta inmediata en todo el país en casos de desaparición, el fortalecimiento de la CURP como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y no localizadas, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses para vincular la información de la Fiscalía General de la República con las Fiscalías estatales, así como el incremento de las penas a quienes cometan el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

La implementación de estas acciones por parte del Estado mexicano sin duda ayudará a reducir los múltiples obstáculos que existen en la investigación y persecución de estos delitos, así como proporcionará herramientas para que las autoridades trabajen con mayor eficacia en la búsqueda de la verdad y la justicia en materia de desaparición, sin embargo, estas acciones no deben verse como una solución final al problema, sino que deben considerarse el inicio de un conjunto de esfuerzos que debe realizar el gobierno para disminuir considerablemente y algún día tratar de erradicar el grave problema de la desaparición en México.

[1] Comisión Nacional de Búsqueda, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Disponible en: «https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral» [Fecha de consulta 31 de marzo de 2025].

[2] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, art. 27.

[3] Ibid., art. 34.

[4] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apuntes sobre Desaparición de Personas, p. 10.

[5] Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, art. 1.1.

[6] Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, art. I.a.

[7] Comisión Nacional de Búsqueda, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Disponible en: «https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral» [Fecha de consulta 31 de marzo de 2025].

[8] Presidencia de la República, Prensa (24 de marzo de 2025). Presidenta Claudia Sheinbaum presenta reformas para combatir el delito de desaparición como la creación de la Plataforma Única de Identidad. Disponible en: «https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-presenta-reformas-para-combatir-el-delito-de-desaparicion-como-la-creacion-de-la-plataforma-unica-de-identidad».