Candidaturas LGBT+ en las elecciones judiciales 2025 en México: visibilidad, relevancia y desafíos.

Las campañas han terminado, el 1 de junio de 2025, México vivirá una jornada electoral sin precedentes: por primera vez, se elegirá mediante voto popular a quienes integrarán parte del Poder Judicial Federal y poderes judiciales locales. Las personas ciudadanas podrán votar por jueces de distrito, magistraturas de circuito e incluso aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una reforma que ha generado tanto expectativa como incertidumbre. Un total de 1880 espacios en los poderes judiciales locales y 881 sillas a ocupar a nivel federal, un universo de 2761 posiciones clave en la atención de asuntos jurídicos estarán en decisión el próximo domingo.

En este contexto, la presencia de personas candidatas abiertamente LGBT+ representa no solo un acto de visibilidad política, sino un paso importante hacia la democratización de la justicia con enfoque de derechos humanos, diversidad y no discriminación. Con datos de la -única- encuesta sobre diversidad sexual y de género realizada por el INEGI en 2021, en México existimos un 5.1% de personas mayores de 15 años que nos adscribimos a las poblaciones LGBT+, número que seguramente es mayor, considerando a las personas que no tuvieron acceso a la encuesta, que no pudieron contestarla libremente, o que han descubierto su orientación e identidad en los últimos cuatro años.

Una representación necesaria en el sistema de justicia

Históricamente, el Poder Judicial ha sido una de las instituciones más cerradas y con menor representación de sectores históricamente excluidos, como las personas LGBT+. Las decisiones judiciales no son neutras: quienes imparten justicia reproducen —o desafían— estructuras de poder, y su origen, trayectorias y vivencias influyen en la manera en que interpretan los derechos.

La inclusión de personas LGBT+ en estos procesos no debe interpretarse como una concesión simbólica, sino como una oportunidad concreta para avanzar en la justicia con perspectiva de género y diversidad sexual. No se trata de “votar por identidades”, sino de reconocer que la experiencia vivida por personas que han enfrentado discriminación estructural puede traducirse en decisiones judiciales más empáticas, más conscientes y más justas.

La preparación de las personas candidatas y su idoneidad es, sin duda, independiente de su identidad u orientación, sin embargo, la presente es un llamado a la consideración de los perfiles en razón de su pertenencia a este grupo de atención prioritaria, porque, usando una metáfora que utilizo frecuentemente, a ciertos grupos (mujeres, LGBT+, indígenas, etc.) no suelen prestarnos el micrófono, ¿cómo van a saber entonces si sabemos cantar o no?

Retos estructurales y violencias vigentes

Algunos retos evidentes para las personas candidatas de la diversidad sexual y de género, sin duda fueron:

1. Desinformación y opacidad en el proceso electoral:

La complejidad del nuevo modelo de elección judicial, el escaso conocimiento ciudadano sobre el perfil de las candidaturas y la falta de campañas de información robustas generan un contexto de desventaja para candidaturas fuera del mainstreampolítico. Esto afecta especialmente a personas LGBT+, quienes históricamente han tenido menor acceso a redes de poder y recursos.

2. Violencia política y discursos de odio:

Las elecciones de 2024 y 2025 han estado marcadas por una violencia política persistente, incluyendo agresiones dirigidas específicamente hacia candidaturas LGBT+. La exposición pública implica riesgos reales, sobre todo en un país donde los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género siguen impunes en su mayoría.

3. Estigmatización mediática:

Las candidaturas LGBT+ suelen ser reducidas a su identidad de género u orientación sexual, ignorando sus trayectorias profesionales y sus propuestas. Esto refuerza estereotipos y limita el debate público sobre la transformación que podrían impulsar desde el Poder Judicial.

4. Discriminación identitaria:

Las candidaturas no reconocen los avances en materia de identidad de género, las personas no binarias, que pueden ya contar con un pasaporte o credencial para votar que no les incluya en el binario o de género, no tuvieron cabida formal en la elección, ya que los perfiles (todos) fueron clasificados en dos: hombres y mujeres.

Un camino forjado con lucha

La visibilidad actual no es fortuita, no nos ha sido regalada y tampoco ha sido fácil, es el resultado de décadas de lucha de activistas, juristas y personas que, desde la marginalidad y afectación, abrieron paso a nuevas narrativas jurídicas.

Un parteaguas en la apreciación de las poblaciones LGBT+ fue sin duda la presencia de Jesús Ociel Baena Saucedo, primer persona en convertirse en magistradeelectoral siendo abiertamente no binarie, en México y América Latina. Su labor no solo fue jurídica, sino activista y profundamente pedagógica: logró posicionar la existencia y los derechos de personas no binarias en el debate público y jurídico, reconocimiento documental, revaloración social y presencia mediática. Su muerte en 2023 dejó un vacío en quienes le conocimos, quienes militamos a su lado, quienes recibimos inspiración de su existencia, pero es también una deuda pendiente del Estado en términos de protección y justicia con enfoque interseccional.

El voto informado: herramienta de transformación

Estas elecciones no son “de trámite”, no son un proceso que solo involucra a las personas abogadas y, hayamos estado o no de acuerdo con la reforma que las motiva, son una realidad que habrá de definir nuestro futuro jurídico inmediato. La ciudadanía tiene el poder de decidir qué tipo de justicia quiere construir, la pregunta es¿queremos una justicia que reproduzca las violencias estructurales o una que cuestione las jerarquías desde adentro?

Informarse sobre las candidaturas LGBT+, leer sus trayectorias, escuchar sus propuestas y contrastar sus posturas frente a los derechos humanos es una forma concreta de ejercer un voto con conciencia social. No basta con celebrar la diversidad: es necesario traducirla en representación efectiva en todos los órganos del Estado, especialmente aquellos que administran justicia.

Durante el periodo de campaña tuve diversos espacios de convivencia con personas candidatas, mismos que se encuentran en redes sociales, disponibles para consulta de cualquier persona, y en esos espacios tuve oportunidad de platicar con varias personas integrantes de las poblaciones LGBT+ y de cuestionar a otras sobre los temas que como colectividad nos resultan relevantes.

Hacia una justicia que refleje la diversidad del país

La elección judicial de 2025 es una oportunidad única para reconfigurar el Poder Judicial con miradas nuevas, sensibles a las realidades múltiples de la sociedad mexicana. La participación de personas LGBT+ no debe leerse como un acto de inclusión simbólica, no es una cuota, es la posibilidad de abrir grietas en estructuras que históricamente han excluido, discriminado y silenciado.

De cara al inicio del mes del orgullo, que también comienza el domingo, necesitamos una sociedad que nos vea, que nos incluya, que nos escuche y que nos resuelva.

Porque una justicia diversa no solo es más representativa: es más justa.